Villa Gesell, 19 de Enero 2018 16:39 hs.  
 
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CONDENARON A UN POLICÍA BONAERENSE QUE LE DISPARÓ A UN AGENTE MUNICIPAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD - --
El policía bonaerense Diego Fernando Alagastino fue condenado a un año y medio de prisión condicional y a tres años de inhabilitación para trabajar en las fuerzas de seguridad, luego de que le disparara a un agente municipal de la secretaría de seguridad, tras una persecución al haber sido identific ...
El policía bonaerense Diego Fernando Alagastino fue condenado a un año y medio de prisión condicional y a tres años de inhabilitación para trabajar en las fuerzas de seguridad, luego de que le disparara a un agente municipal de la secretaría de seguridad, tras una persecución al haber sido identificado circulando en auto de contramano.
“En un fallo reciente dictado por la Dra. María Eva Merlo, titular del Juzgado Correccional nº 1 de Dolores, se condenó a un efectivo de la policía bonaerense, juzgado por haberle disparado a un miembro de la Dirección de Seguridad del Municipio de Villa Gesell.
Surge del veredicto, que en horas de la madrugada del 15 de julio de 2016, estando un efectivo de la policía bonaerense, franco de servicio, efectuó tres disparos con una pistola calibre 9 mm. contra un funcionario de la Dirección de Seguridad de la Municipalidad de Villa Gesell, cuando éste se acercó en un móvil identificable al Fiat Siena color rojo en que aquel circulaba. Ello había sido consecuencia de haberse observado a dicho rodado a través de las cámaras de seguridad, circulando en contramano por una Avenida de dicha localidad y efectuando maniobras peligrosas.
Al acercarse el funcionario municipal a dicho vehículo, el conductor, que estaba afuera del mismo, previo apuntarle con el arma le efectúa los disparos descriptos, tras lo cual subió a su auto y se dio a la fuga, dirigiéndose a un domicilio ubicado en Paseo 100 donde tras dejar el rodado estacionado, descendió permaneció parado en el patio de entrada a la vivienda. En esas circunstancias arribaron efectivos policiales, quienes permanecieron apostados ante la intimidación que el sujeto ejercía apuntándoles con el arma, haciendo caso omiso a la orden de bajarla y dejarse identificar, deponiendo su actitud al arribar subalternos de la Comisaría 1era. de la localidad, donde él prestaba servicios.
El imputado sostuvo no recordar lo ocurrido, haberse enterado por dichos de su Jefe y compañeros, precisando que no se había resistido en ningún momento. Dijo que el arma era suya, que la tenía desde su egreso como oficial de policía, que aun estando franco de servicio está autorizado a portarla, y que como por esos días habían ocurrido algunos hechos delictivos la llevaba. Precisó haber estado en tratamiento psicológico y psiquiátrico por consumo de alcohol, no pudiendo dar explicaciones al por qué de los disparos efectuados. Asimismo sostuvo luego de escuchar testigos, que había existido manipulación en la investigación, que no había habido persecución, que las vainas encontradas no habían sido disparadas con la misma arma.
Sin embargo para la Dra. Merlo, los efectivos policiales que trabajaban con él habían dicho que recién al reconocerlos había bajado el arma que empuñaba. Que las concusiones del dictamen Psiquiatra precisaron, que no surgía del examen médico psiquiátrico forense, factores que hicieran suponer que el procesado hubiera “presentado un estado mental que signifique o significara la anulación de su entendimiento, o que implique o implicara una abolición del manejo autónomo de sus comportamientos”.
En cuanto al grado de alcoholizaron que pudo haber tenido, la Juez puntualizó que su negativa a dejarse extraer sangre después del hecho, además de no haber permitido establecer si efectivamente había o no alcohol en su sangre, “cuanto menos resulta indicativo de su discernimiento, para evaluar la conveniencia o no de tal acto, a poco de aprehendido, lo cual también pone en evidencia que conocía y recordaba el alcance de los actos por el protagonizados”. Y agregó la Magistrada, que aún admitiendo un cierto grado de ebriedad, “su conducta previa y posterior a los hechos: reconoció a sus compañeros, caminaba, se desplazó luego del primer hecho en dirección a su propio domicilio”, el dictamen del psiquiatra, los dichos de su psiquiatra personal, descartaban “el cuadro de amnesia que refiere”.
El Defensor Oficial invocó una “causal de inculpabilidad alegando un error de prohibición invencible”, ya que los compañeros del procesado habían manifestado que había dicho que le querían robar y por eso había disparado, que su estado de ebriedad era evidente.
Para la Dra. Merlo ese supuesto error no se daba en el caso, porque a partir de la prueba ninguna de las circunstancias por las que atravesó el imputado permitía sostenerlo, “no hay sustento objetivo que determinara para que actuara como lo hizo” dijo, y agregó, en primer lugar porque el funcionario municipal llegó en un móvil perfectamente identificable, con las balizas encendidas, no estaba armado, ni siquiera llegó a descender del vehículo. Más aún, no tuvo tiempo siquiera de darle la voz de alto cuando el imputado le disparó con su arma en tres oportunidades, tras lo cual se había subido a su auto y se alejó. “No ha explicado la Defensa cual es la conducta asumida por la victima que le hizo creer que estaba siendo objeto de un robo para reaccionar como lo hizo”, sostuvo la Juez.
En segundo lugar indicó, que como lo habían testificado algunos policías, estando el procesado en su casa y pese a la presencia de varios móviles con las balizas encendidas había seguido apuntándoles. “No parece ser esta una situación que pueda inducir al error de creer que iba a ser asaltado”, resaltó.
Por todo ello la Dra. María Eva Merlo resolvió condenar a Diego Fernando Alagastino, de 38 años de edad, empleado policial, nacido en Santiago del Estero y con domicilio en Villa Gesell, como autor penalmente responsable de los delitos de “Abuso de armas agravado por ser cometido contra un miembro de la fuerza de seguridad pública, en concurso ideal con Atentado a la autoridad doblemente agravado por su comisión a mano armada y por ser cometido por un funcionario público, con Resistencia a la autoridad”, imponiéndole una pena de “Un año y seis meses de prisión de ejecución condicional”, con más “Inhabilitación especial por el doble de tiempo” para ser funcionario público.
Fuente: Diario Compromiso de Dolores.