Villa Gesell, 21 de Octubre 2018 10:07 hs.  
 
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LA JUSTICIA LE NEGÓ A ECOPLATA EL PEDIDO DE NULIDAD DE LA CADUCIDAD DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
   
     
   
21-09-2018 - La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, ratificó un fallo en primera instancia sobre la decisión de la Municipalidad de Villa Gesell de desvincular a la empresa Ecoplata, del servicio de recolección de residuos, a través de un decreto firmado por el intendente Gustavo Barrera en 2016.
En el marco de la causa denominada “Ecoplata Sociedad Anónima contra la Municipalidad de Villa Gesell sobre pretensión anulatoria”, la Cámara ratificó el fallo emanado por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de Dolores, el pasado 27 de mayo de 2016.
De esta forma, se desestimó la intención de la firma Ecoplata, que pretendía la suspensión de los efectos del decreto 993/16 dictado por el departamento ejecutivo de Villa Gesell, a través del cual se dio caducidad al servicio quebrando el contrato que la empresa tenía con el municipio.
De todas maneras, este fallo sólo ratifica la legitimidad del decreto oportunamente firmado por la municipalidad, pero no resuelve el fallo de fondo, que sigue en manos del Juzgado en lo Contencioso Administrativo nº 1 de Dolores, a cargo del juez Antonio Marcelino Escobar.

FALLO JUDICIAL COMPLETO

Organismo: Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo Mar del Plata
Carátula: ECOPLATA S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL S/ PRETENSION ANULATORIA - PREVISION -
Nro de causa: 6697
Fecha: 18/09/2018
Descripción: SENTENCIA
Estado: Consintiendo
Observación :

Sentencia - Nro. de Registro: :454

Sentencia - Folio: :3681

REGISTRADO BAJO EL N° (S) FN°

En la ciudad de Mar del Plata, a los 18 días del mes de setiembre del año dos mil dieciocho, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa C-6697-DO1 “ECOPLATA S.A. c. MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL s. PRETENSIÓN ANULATORIA”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Riccitelli y Mora, y considerando los siguientes:

ANTECEDENTES

I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Depto. Judicial Dolores resolvió desestimar la medida cautelar requerida por la empresa ECOPLATA S.A. [v. fs. 398/399].

II. Declarada la admisibilidad formal del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 406/408 [cfr. auto de fs. 414], y puestos los autos al Acuerdo para Sentencia –pronunciamiento que se encuentra firme-, corresponde plantear y votar la siguiente

CUESTIÓN

¿Es fundado el recurso?

A la cuestión planteada el señor Juez doctor Riccitelli dijo:

I.1. A fs. 402/405 el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Depto. Judicial Dolores desestimó la medida cautelar requerida por la firma ECOPLATA S.A., mediante la cual perseguía la obtención de un mandato jurisdiccional que decretara la suspensión de los efectos del decreto N° 993/16 dictado por el Departamento Ejecutivo del Municipio de Villa Gesell que rescindiera el contrato de concesión del servicio de recolección, carga, transporte y disposición final de residuos sólidos urbanos domiciliarios del Partido de Villa Gesell que los vinculara.

Liminarmente, el juez de grado recordó que con fecha 27-05-2016 se había pronunciado desestimando el inicial pedimento cautelar requerido por la firma [en el que también peticionaba la suspensión de los efectos del decreto N° 993/16, aunque con apoyatura en fundamentos diversos a los ahora esgrimidos], pronunciamiento que la postre fuera confirmados por esta Alzada Departamental mediante sentencia de fecha 13-9-2016.

Dicho ello, expuso que si bien la parte actora anclaba exclusivamente el fumus bonis iuris en la denunciada ausencia de dictamen jurídico previo a la decisión adoptada por la Comuna [rescisión del contrato] no lo era menos que, una inicial lectura del acto administrativo impugnado, permitía verificar -prima facie- la existencia de actividad consultiva realizada por el organismo de asesoramiento legal que, al menos en este estadio inicial de análisis, permitía tener por satisfecha la exigencia impuesta por el art. 57 de la Ordenanza General N° 267/80.

Bajo tal orden de ideas, y al no avizorar la concurrencia del primero de los requisitos de procedencia de este tipo de medidas, desestimó la tutela precautoria requerida por la accionante.

2. Contra el mentado pronunciamiento se alza la empresa ECOPLATA S.A. a fs. 406/408 solicitando se lo revoque en todos sus términos.

Critica que el a quo hubiera tenido por satisfecho el recaudo del dictamen jurídico exigido por el art. 57 de la Ordenanza General N° 267/80 basándose para ello en la circunstancia de haber consignado la autoridad municipal en los Considerandos del decreto N° 993/16 la remisión a una supuesta opinión legal previa.

Precisado lo anterior expone –con cita de doctrina y jurisprudencia- que el dictamen legal previo constituye un garantía en favor del administrado cuya finalidad es la de salvaguardar el derecho de defensa; tal formalidad –asevera-, en el sub lite, no ha sido satisfecha por la autoridad municipal.

Asimismo hace notar que la referencia a ese supuesto dictamen legal que surge de los Considerandos del decreto municipal impugnado en autos habría emanado de la Asesoría Letrada de la Municipalidad de General Madariaga [estos es, una autoridad municipal distinta a la que dispone la extinción contractual]. Esa circunstancia, en su parecer, patentiza el incumplimiento por parte de la autoridad municipal de las formas impuestas por el art. 57 de la Ordenanza General N° 267/80.

En suma, postula que ante la verificada ausencia del dictamen legal previo al dictado del decreto N° 993/16, corresponde tener por verificado el recaudo de la verosimilitud en el derecho. Consecuentemente, solicita -a tenor de todo lo expuesto- que esta Cámara revoque el pronunciamiento en crisis y conceda la medida cautelar requerida en estos autos.

II. Adelanto mi respuesta negativa al interrogante planteado.

1. Liminarmente, pongo de resalto que esta Alzada, mediante sentencia de fecha 13-09-2016 dispuso rechazar –confirmando el pronunciamiento de grado de fecha 27-05-2016- el inicial pedimento cautelar efectuado por la firma actora por el que perseguía la suspensión de la ejecución del decreto N° 993/16 dictado por el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Villa Gesell con fecha 17-05-2016 que decidió rescindir -a partir del 31 de mayo del año 2016- el contrato de concesión del servicio de recolección, carga, transporte y disposición final de residuos sólidos urbanos del Partido de Villa Gesell que suscribiera con dicho municipio.

En aquella oportunidad este Tribunal, luego de ponderar los argumentos blandidos por ECOPLATA S.A. para cuestionar la legitimidad del mencionado acto –a saber: la alegada violación del debido proceso, las deficiencias de motivación y la extralimitación de la competencia del Departamento Ejecutivo-, concluyó que los vicios endilgados no surgían de manera patente sino que, más allá de la razón o no de los argumentos vertidos, aquellas deficiencias requerían de un mayor despliegue de debate y prueba que excede ampliamente el despacho cautelar, circunstancia que, en definitiva, desvanecía la palpabilidad de la verosimilitud en el derecho alegada [v. fs. 352/358].

Ahora bien, en este nuevo embate [v. fs. 398/399], y a partir del cual se procura idéntico objeto cautelar que antaño [esto es, la suspensión del decreto municipal N° 993/16], la firma actora denuncia que la autoridad municipal ha omitido requerir y recabar el dictamen técnico legal previo exigido por el art. 57 de la Ordenanza General N° 267/80, falencia que –tal lo que asevera- patentiza un vicio evidente que autoriza a disponer el mandato urgente requerido.

2. Siendo tal el reclamo cautelar peticionado, recuerdo que esta Cámara ha precisado –desde sus albores- que las medidas precautorias reflejan una actividad de tipo preventiva dentro del proceso que, enmarcada en una objetiva posibilidad de frustración, riesgo o estado de peligro, según un razonable orden de probabilidades acerca de la existencia del derecho que invoca el peticionante, y exigiendo el otorgamiento de garantías suficientes para el caso de que la petición no reciba finalmente auspicio, anticipa los efectos de la decisión de fondo a dictarse ordenando la conservación o mantenimiento del estado de cosas existentes o, a veces, su innovación según sea la naturaleza de los hechos sometidos a juzgamiento [cfr. doct. esta Cámara causa C-6966-AZ1 “Inza”, sent. del 23-03-2017].

Lo anterior, junto a la normativa que corresponde aplicar al proceso bajo análisis -arts. 22 al 26 del C.P.C.A.-, delinean los presupuestos esenciales que habilitan el despacho de medidas cautelares, a saber: (i) el derecho invocado debe ser verosímil en relación con el objeto del proceso (cfr. doct. esta Cámara causa C-7139-MP2 “Artiles”, sent. del 23-05-2017); (ii) debe existir la posibilidad de sufrir, por quien introduce el planteo cautelar, un perjuicio inminente o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (cfr. doct. esta Cámara causa C-7386-NE1 “Borda”, sent. del 7-09-2017) y, (iii) la tutela requerida no debe afectar gravemente el interés público (cfr. doct. S.C.B.A. “Club Estudiantes de La Plata”, sent. de 26-10-2005; doct. esta Cámara causa C-6960-MP1 “Echague”, sent. del 23-02-2017). Estos recaudos informan y delimitan el contenido valorativo que debe seguir todo juez para otorgar la tutela precautoria exigiendo una mayor o menor presencia de los presupuestos legalmente establecidos, empero sin llegar a justificar la total prescindencia de cada cual [cfr. doct. S.C.B.A. causa B 64.769 “C.,d”, sent. de 8-11-2006; esta Cámara causa C-7849-DO1 “El Último Querandí S.R.L.”, sent. de 10-10-2017].

La procedencia de las medidas cautelares se supedita a la concurrencia de los tres recaudos consagrados en el primer inciso del art. 22 del C.P.C.A., de manera que la ausencia de uno de estos requisitos basilares de admisibilidad cautelar determinaría el rechazo de la pretensión precautoria, tornando inoficiosa toda consideración sobre la configuración de los restantes. Tal tesitura se ajusta a los lineamientos expuestos en tal sentido por el máximo Tribunal provincial (argto. doct. S.C.B.A. causa B. 66.615 “J.D.”, sent. del 15-03-2006; esta Cámara Causa C-7488-DO1 “Palisa Mujica”, sent. de 3-10-2017).

3. A la luz de los parámetros delineados, estimo acertado el razonamiento del sentenciante en cuanto postula que los elementos de convicción obrantes en autos impiden tener por demostrada la presencia del fumus bonis iuris necesario para acoger la tutela cautelar nuevamente requerida por la firma accionante.

Repárese que para formar su juicio el sentenciante hizo particular hincapié en –por un lado- la ausencia de elementos probatorios que permitieran dar pábulo a la versión de la parte actora y –por el otro- en la necesidad de materializar un mayor debate y prueba sobre el asunto a tenor de la complejidad del entramado contractual comprometido. Y muy poco ofrece el líbelo recursivo para torcer el escrutinio del sentenciante y convencer a este Tribunal, en esta etapa cautelar, sobre la presunta ilegitimidad en la que habría incurrido la Administración al dictar el acto administrativo impugnado en el sub lite.

La firma actora, por fuera de la liviandad con la que el articula la crítica examinada, argumenta que: (i) el vicio endilgado al acto administrativo [decreto municipal N° 993/16] es manifiesto; (ii) que yerra el sentenciante cuando se vale de los Considerandos del decreto para tener por satisfecho el recaudo del dictamen legal previo y; (iii) la circunstancia de que de los Considerandos del decreto municipal N° 993/16 refieran la existencia de un dictamen elaborado por la Municipalidad de General Madariaga no suple ni reemplaza el dictamen que debió elaborar previamente a la adopción de la medida de rescisión del contrato la Asesoría legal de la Municipalidad de Villa Gesell.

En ese contexto, destaco –liminarmente- lo llamativo que resulta el tiempo transcurrido desde que se interpusiera la demanda, [el día 23-05-2016, v. fs. 310] –presentación en la que se efectuara el primero de los pedimentos cautelares- y el momento en que se efectuara el segundo reclamo urgente [23-04-2018], todo ello con la particularidad que al día de la fecha [esto es, pasados casi dos años de ese primigenio pedimento] la parte actora no ha motorizado la traba de la litis; este escenario procesal –en mi parecer- resta la solidez que es dable exigir a este tipo de requerimientos, en tanto esa premura o urgencia que subyace en todo pedimento urgente queda poco más que debilitada en el sub lite a tenor de la propia pasividad de la accionante en impulsar la solución definitiva del pleito por ella instado.

Por fuera de esa inicial apreciación, encuentro que el escrutinio efectuado por el sentenciante, limitado a esa puntual circunstancia postulada por la firma actora para apuntalar su novel reclamo [esto es, la supuesta ausencia de dictamen legal previo] no merece reproche.

Es que, la lectura de los Considerandos del decreto N° 993/16 –v. fs. 100/113- prima facie da cuenta de que la medida dispuesta por la autoridad municipal –sobre cuya legitimidad corresponderá abrir juicio en la etapa fondal- fue adoptada en el devenir del procedimiento plasmado en el expte. administrativo N° 2665-S, actuaciones en las que obrarían múltiples antecedentes en los que –entre otras cuestiones vinculadas al iter contractual- se relevaran las condiciones del predio de destino final de los residuos sólidos urbanos y en la que se coligan intereses vinculados a los Municipios de Pinamar, Villa Gesell y General Madariaga. En particular puede observarse la “Reseña de Antecedentes” efectuada en el cuerpo del acto administrativo impugnado en autos, en el que se detallan diversos hitos que fueran ocurriendo en el devenir de la compleja vinculación contractual aquí implicada.

Asimismo, de los Considerandos del decreto N° 993/16 se desprende que la autoridad municipal, para tener por incumplidas las prestaciones a cargo de la firma ECOPLATA S.A. [en lo referente al servicio de tratamiento y disposición final] hace especial referencia al “dictamen legal emitido por la Asesoría Legal de Gral Madariaga”. Y si bien es cierto que prima facie tal opinión legal no ha emanado del organismo técnico perteneciente a la Municipalidad de Villa Gesell, no lo es menos que el asunto debatido asume un carácter regional –v. acta de reunión de fecha 4-04-2016-, comprendiendo una tríada de Municipios [Villa Gesell, Pinamar y Gral. Madariaga] y que en ese devenir la Municipalidad de Gral. Madariaga elabora el informe técnico legal –al que remite en el decreto N° 993/16 la autoridad municipal aquí demandada- del que surge que “…nunca cumplió ECOPLATA S.A. las obligaciones asumidas en la habilitación, con el peligro y daño ambiental serio que ello conlleva….”

En ese contexto, a tenor de la complejidad del asunto debatido, la pasividad demostrada por la empresa actora para activar el pleito y ponderando que prima facie se habría desplegado –en el particular contexto regional del asunto- la actividad legal consultiva requerida por la Ordenanza Gral. N° 267/80 como para dotar –al menos en lo cabe presumir en este inicial estadio de estudio- de visos de legalidad el acto administrativo impugnado de autos, no puedo sino desestimar la crítica vertida por la firma ECOPLATA S.A.

Si bien es cierto que el despacho favorable de las medidas precautorias no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino solo de su verosimilitud (doct. C.S.J.N. Fallos 306:2060; 313:521; 318:2375; S.C.B.A. B 63.590 “Saisi”, sent. de 5-03-2003; B-65.158 “Burgués”, res. de 30-04-2003), no lo es menos que, cuando el objeto de la pretensión consiste en la anulación de un acto de la Administración (como en el presente caso, a partir de lo manifestado en la presentación inicial), la verificación de la apariencia del derecho invocado se vincula directamente con la nitidez y gravedad de los vicios que pueda presentar el acto cuestionado, por lo que las medidas suspensivas de los efectos de un acto administrativo, justamente por la presunción de validez de la que están investidos, únicamente tienen cabida cuando quien acciona los impugna sobre bases prima facie verosímiles (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 250:154; 251:336; 307:1702; 313:819; 315:2956; 315:2040; 318:2374; esta Alzada causa C-7818-NE1 “Teson”, sent. de 19-06-2018).

Con todo entonces, los argumentos de la recurrente, más allá de su razón o desatino, giran en torno a cuestiones fácticas y jurídicas cuya ponderación requeriría de un mayor caudal de elementos de convicción que, una vez integrados en el devenir del pleito, habrán de permitir –de así ocurrir- un marco cognoscitivo y de debate jurídico más amplio, acumulando información imprescindible para efectuar un juicio razonado sobre bases sólidas, circunstancia ésta que excede el presente marco cautelar [argto. arts. 37, 41, 43, 49 y 50 del C.P.C.A. y doct. S.C.B.A. causa B. 68.323, “Exolgan”, res. del 24-05-2006; I. 68.243, “Fiscal de Estado”, res. del 8-11-2006; I. 68.955, “Castagno”, res. del 22-08-2007; I. 70.186 “Cámara de Restaurantes, Bares y Afines de Playa Grande (CA.R.B.A.)”, sent. de 21-10-2009; esta Cámara causas C-1329-BB1 “Hermosilla”, sent. del 12-02-2010; C-7115-AZ1 “Irastorza”, sent. de 27-06-2017).

Como puede apreciarse, el juicio de admisibilidad cautelar llevado a cabo por el a quo en sentido adverso a los intereses de la firma ECOPLATA S.A. dista de merecer reproche alguno.

4. Con todo, al no hallarse acreditada la verosimilitud del derecho de la parte demandante, queda sellada la suerte negativa del pedimento cautelar incoado desde que, ausente el primero de los presupuestos necesarios para su otorgamiento, deviene innecesario analizar la existencia de los restantes requisitos de admisibilidad [cfr. doct. S.C.B.A. causa B. 65.043 “Trade”, res. del 4-08-2004; esta Cámara causa C-7005-MP1 “Ayub”, sent. del 27-03-2017].

III. Por las razones expuestas, he de proponer al Acuerdo rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento de grado de grado. Las costas de esta Alzada deberían imponerse en el orden causado por no mediar contradicción (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A., texto según ley 14.437).

Voto, consecuentemente, por la negativa.

El señor Juez doctor Mora, por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, vota a la cuestión planteada también por la negativa.

De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:

SENTENCIA

1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto fuera materia de agravios. Las costas de Alzada se imponen en el orden causado por no mediar contradicción (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A., texto según ley 14.437).

2. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967, aplicable según doct. S.C.B.A. causa I. 73.016 "Morcillo", res. de 8-11-2017).

Regístrese, notifíquese y, fecho, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen por Secretaría.





ROBERTO DANIEL MORA
JUEZ
EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN
EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO


ELIO HORACIO RICCITELLI
JUEZ
PRESIDENTE
EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN
EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

MARIA GABRIELA RUFFA
SECRETARIA
EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN
EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

En / / se libró cédula electrónica/papel. CONSTE.

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